La comedia paralela

Cádiz a 25 de octubre de 2010

Sí; no entraña gran dificultad discurrir que la calidad democrática y constitucional de un Estado de Derecho está en íntima relación con la transparencia en la administración y gestión de los recursos públicos, sean competencia del gobierno central o por cesión al correspondiente órgano autonómico.

Se expresa claramente en el punto 1. del Artículo 7º del Reglamento del Congreso de los Diputados que: “Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”.

El mismo artículo en su punto 2º. señala: “La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la presidencia del congreso y la administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del congreso, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan (1)”.

“(1) Téngase en cuenta Art. 10.2 L. 9/1968, de 5 de abril – modificada por L. 48/1978, de 7 de octubre – de secretos oficiales, así como la L. 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados (reproducida en § 32) y resolución de la presidencia sobre secretos oficiales (reproducida en § 16).

Sin entrar en reglamentos o normativa comparada o paralela circunscrita al ámbito comunitario; baste decir que según informaciones de solvencia contrastada vertidas a la opinión pública por el diario de tirada nacional “El Mundo” en su número del pasado domingo 24/10/2010, se publica en portada la siguiente noticia: “La administración paralela y las subvenciones son el 68% del presupuesto de la Junta” con subtítulo: “Fundaciones y entes cuestionados por el TSJA reciben millones que escapan al control”.

Hablamos de que el presupuesto de la Junta de este año, asciende a 27.765 millones de euros de los que 19.081, es decir el 68,7% se desvían a la “administración paralela”.

¿Pero, qué es la administración paralela? Es decir, cuando el ciudadano que pertenece a un estado de derecho cuyo voto ha contribuido ineludiblemente a su constitución, deposita mediante sufragio activo la dirección de su administración en manos de uno u otro color político, lo hace para que sus procedimientos administrativos sean tramitados por una administración pública sufragada mediante el voto popular.

Al hilo de este hecho, el entramado de empresas, entes instrumentales y fundaciones que constituyen la conocida como administración paralela, carece de color político conocido o que se pueda conocer como carece de calidad administrativa susceptible de valoración por los órganos destinados de la administración real.

De aquí que en la noticia referida se hable de que “escapan al control” pues, por ejemplo, el artículo 7º antes mencionado carece de aplicación sobre estas entidades por no pertenecer realmente a la administración pública. Es decir, que hablamos de un 68,7% del presupuesto destinado este año a la citada comunidad sobre el que no es posible arrojar luz y que por lo tanto carece de transparencia.

Debemos mencionar que la transparencia es el factor que nos da la medida de alerta sobre el nivel de corrupción de un gobierno; y en este caso hablamos de que casi las tres cuartas partes del presupuesto total de la CCAA permanecen en una oscuridad alarmante.

Según la asociación “Defiendo mi derecho y la gestión pública”, formada por empleados públicos de la Junta, al margen de los sindicatos; fuente de los datos ofrecidos en la noticia: La consejería de innovación, ciencia y empresa destina el 83,7% de su presupuesto de este año a la administración paralela y otras transferencias.

Es decir, del total presupuestario de la CCAA (27.765.342.174 €), el 68,7% es desviado; un montante de 19.081.551.388 €. Pero centrémonos por un momento en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Esta consejería se denominó así cuando se hizo el presupuesto de 2010, aunque su nombre actual es economía, innovación y ciencia. Este matiz tiene su importancia aunque solo sea por el hecho de los trastornos o inseguridades que provoca en el ciudadano que acude en demanda de servicios por vía telemática, es decir, las confusiones entre páginas web crean mucho humo disuasorio.

La consejería desvía unos 2.000 millones de euros a su administración paralela. Dentro de la administración paralela destaca la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo) que recibe algo más de 298 millones. Según “El Mundo” el pasado junio el TSJA le prohibió a la Junta que utilizara esta agencia para expropiar unos terrenos para el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía en Tabernas porque carece de competencias para ello.

No obstante estos 298 millones de euros, téngase en cuenta que esta agencia es el destino de los procedimientos abiertos por los ciudadanos ante la consejería al amparo de los artículos 7 y 18 de la orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúan sus convocatorias para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65 de 03.04.2009), y de la orden de 9 de noviembre de 2009, de la consejería de empleo (BOJA núm. 226 de 19.11.2009).

¿Qué quiere esto decir? Esto supone que la agencia IDEA, no solo gestiona los 298 millones procedentes de los presupuestos de la Junta sino que además gestiona una importante y seguramente mucho mayor cuantía procedente directamente de los fondos de la UE, por ejemplo a través del Fondo Social Europeo.

Veamos: un ciudadano acude a la consejería de economía, innovación y ciencia y tramita una solicitud para la creación de una empresa al amparo de una legislación autonómica. Esta consejería traspasa el expediente a la administración paralela, en este caso agencia IDEA, sin el consentimiento del interesado. La agencia lo tramita con el Fondo Social Europeo y deciden aprobar la solicitud. Pues bien, de la cantidad otorgada en derecho al solicitante, un 80% procede del Fondo Social Europeo sometido al régimen de minimís, en los términos establecidos en el reglamento (CE) nº 1998/2006 de la comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de minimís. Y el 20% procede del presupuesto de la Junta de Andalucía.

Ahora bien, la agencia va a realizar el pago de la ayuda en dos plazos separados por un año de tiempo derivado de llevar la aplicación de la Ley al extremo, a mi juicio, interpretaciones interesadas por parte de una agencia que en definitiva no es el órgano ante el que el ciudadano demandante del servicio recurrió.

Al margen de la evidencia de que entre un 80% y un 75% existe una diferencia  de un 5% que el ciudadano ignora quien gestiona durante el transcurso de un año. ¿Cómo es posible, que la mencionada agencia tarde en realizar la transferencia bancaria, correspondiente al primer pago, más tiempo que el que lleva toda la tramitación del procedimiento desde que el ciudadano se dirigió por primera vez a la consejería de economía, innovación y ciencia y hasta que recibió en su domicilio la notificación oficial de la resolución de concesión? Este es el hecho.

El ciudadano, auténtico héroe de esta tragicomedia oscura y con la soga al cuello se enfrenta al pago de las tasas por autónomo por cuarto mes consecutivo sin haber recibido su ganada transferencia bancaria, y por tanto carente de infraestructura alguna, es poseedor de una empresa cuya acción principal durante los cuatro primeros meses de existencia consiste exclusivamente en la espera y en el pago de tasas.

Por otro lado, según la información del mismo diario “más de 500 ex-altos cargos están al frente de los entes públicos”. “…da cobijo a un sinfín de ex-altos cargos del gobierno andaluz, cuando cesan en el puesto”. Pedro Ruiz, portavoz de la asociación “defiendo mi derecho y la gestión pública” calcula que puede haber unos 630 ex-altos cargos de la Junta.

Según Ruiz, Griñán persigue “crear una administración paralela con más rango de Ley” para no tener “más problemas con las resoluciones” del TSJA, a través del polémico decreto-ley 5/2010 aprobado este verano por la Junta para reordenar el sector público con la excusa de la crisis.

Según la información del diario “El Mundo” el TSJA ha fallado en una infinidad de ocasiones en contra de la Junta por desviar competencias, en forma de encomiendas de gestión, hacia su administración paralela, huyendo así del control administrativo.

“En una reciente sentencia, el TSJA anuló la encomienda que el servicio andaluz de empleo (SAE) realizó el 4 de septiembre de 2008 a favor de Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), una entidad adscrita a la consejería de empleo, por considerarla “contraria al ordenamiento jurídico””.

“También el Tribunal Supremo ha fallado contra la administración paralela. La sala quinta de lo contencioso-administrativo anuló en noviembre de 2009 el decreto de junio de 1989 que autorizaba la construcción de la empresa pública de gestión medioambiental (EGMASA), en un pleito ganado por CSI-CSIF”.

“La sentencia cuestiona lo que se denomina “riesgo potencial de fuga del derecho administrativo”, contenido en el decreto, que en la práctica se concreta en “un diferente sistema de contratación administrativo” y censura, que rige “un sistema de libre selección de personal cuyas retribuciones van a ser sufragadas con el erario público, y que a la vista del objeto societario pueden desempeñar funciones similares a las que desarrollan éstos”.

EL PRESUPUESTO OCULTO DE LA JUNTA

Presidencia, 333.285.728 €, transferido 87,9%, 293.059.870 €. Gobernación 460.136.294 €, transferido 75,6%, 307.245.129 €. Economía y Hacienda 252.326.916 €, transferido 47.9%, 121.016.133 €. Educación 6.363.399.433 €, transferido 26,6%, 1.695.226.888 €. Justicia y Administración 654.120.480 €, transferido 10,7%, 70.185.197 €. Innovación Ciencia y Empresa 2.498.912.815 €, transferido 83,7%, 2.092.747.250 €. Obras públicas 1.008.657.461 €, transferido 34,1%, 344.260.041 €. Empleo 1.493.620.016 €, transferido 91,7%, 1.370.635.228 €. Salud 9.695.608.618 €, transferido 97%, 9.411.751.192 €. Agricultura y Pesca 1.028.532.921 €, transferido 78,2%, 804.468.304 €. Vivienda y Ordenamiento del Territorio 439.872.464 €, transferido 73,9%, 325.450.275 €. Turismo, Comercio y Deporte 468.257.642 €, transferido 69,9%, 327.370.952 €. Igualdad y Bienestar Social 1.826.921.076 €, transferido 62%, 1.131.950.685 €. Cultura 269.968.369 €, transferido 47.7%, 128.847.657 €. Medio Ambiente 1.028.721.941 €, transferido 63,8%, 657.336.589 €.

Presupuesto total 27.765.342.174 €

Total transferido 19.081.551.388 €

El 68,7% del presupuesto total se desvía a la administración paralela y a diversos colectivos en forma de subvenciones, que llegan a través de los capítulos IV y VII del presupuesto.

No quisiera despedirme sin añadir un nuevo personaje al escenario de esta grotesca “paralelocracia”; se trata de la inigualable presencia de la Fundación Consorcio Fernando de los Ríos, de la que no daré más datos que la de su nombre.

En conclusión; nos encontramos ante un inextricable universo procedimental paralelo a manos de los que antaño fueron hombres invisibles de la gestión administrativa, y que hoy viven cual si hubiesen atravesado un agujero negro al margen del control administrativo.

Es fácil imaginar que en esta fascinación “jongilinita”, las subvenciones y transferencias, así como el dedazo, el amiguismo y la familiaridad alcancen carácter hereditario en una realidad sectaria que está muy lejos de seguir o perseguir principio constitucional alguno, como tampoco principio ético o moral.

Treinta años, treinta, son necesarios para que en el seno de semejante organización surjan voces discordantes. Y es que tres décadas dan para que toda una nueva generación alcance y bien se adentre en la adultez despertando a una realidad de gestión que protegida tras un muro metafísico discurre muy al margen de la causa que da origen a sus propios puestos de trabajo que no es otra que la del servicio público.

No es de extrañar que hoy un joven consultado no aspire a consecución de otro objetivo que el de ser funcionario público: son las nuevas generaciones funcionariales por contraposición a las nuevas generaciones de gestores amamantados al abrigo y cobijo de: La Administración Paralela.

Un saludo, J. M. Mora