Actitud ilegal del Gobierno

Cádiz a 14 de diciembre de 2010

El decreto de alarma es inconstitucional. Decretado ilegalmente, debería haberse anulado ya. La militarización del espacio aéreo es ilegal. La solicitud de la prórroga del estado de alarma es ilegal y también lo es su prórroga, si se procede a ella. Esta situación de ilegalidad conforma al propio estado de alarma como la maniobra o el mecanismo utilizado para la ejecución de un golpe de estado en toda regla, con aparente escaso derramamiento de sangre. En este país no se debe jugar con armas.

Supongamos una situación en la que en nuestro país se produjese una epidemia repentina de origen desconocido que condujese a muchas muertes y en la que la ciencia médica no tuviese respuesta para afrontarla. En este caso estaría justificado el decreto de estado de alarma.

Ahora, imaginemos que pasado un tiempo en el que las muertes van en aumento descontrolado aparece una vacuna que limita la expansión de la epidemia. Rápidamente se comienza a dispensar la vacuna y cesan los fallecimientos al tiempo que comienzan a curarse los enfermos. Pasado un cierto tiempo y cuando se verifica la efectividad de la vacuna y la remisión de los efectos de la epidemia se puede decir que la situación está controlada y que se está en proceso de recuperación de la normalidad aunque ésta no sea efectiva todavía porque hay muchos enfermos. En ese caso hay que suspender el estado de alarma porque contribuye a una vuelta a la normalidad, esto es básico en medicina. Hablando en términos de médicos humanistas. Y viene a colación la metáfora porque hoy España es un país enfermo, gobernado por enfermos.

Es decir, el levantamiento del estado de alarma contribuye a la recuperación de la normalidad y por este motivo en la redacción de la Ley relativa a este estado se dice muy claramente: “Dos. Las medidas a adoptar en los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias”.

Repito que existe una diferencia entre decir: “…asegurar el restablecimiento de la normalidad…” y decir, “…asegurar la normalidad una vez restablecida…”. No es esto segundo lo que dice la ley, es decir no se puede mantener el estado de alarma para asegurar la normalidad, el estado excepcional se decreta para asegurar su restablecimiento no para asegurar la normalidad. Si se utiliza en este sentido, que es lo que se está haciendo desde hace ya días, se está incurriendo en una ilegalidad manifiesta y ésta es la situación en la que está hoy el gobierno de España, en situación de ilegalidad.

En cualquier caso esta argumentación tiene muchas salidas desde la posición actual del gobierno y esto es debido a que precisamente se parte de la premisa de la utilización ilegal de un decreto en una situación en la que tal cosa no procede, una vez más este es el caldo de cultivo en el mejor se defiende el perverso: con la premisa o la ventaja de haber cometido la ilegalidad más grave previamente.

Que este fenómeno ilegal conculca derechos ciudadanos es indudable y no sólo en lo que concierne al colectivo al que se utiliza como chivo expiatorio sino que también lo hace sobre los derechos de todos los ciudadanos. Derechos que quizá no son tangibles, como el hecho de que no se pueda uno montar en un avión si quiere, sino derechos intangibles como la propia sensación de libertad. Y estoy seguro de que nadie duda de que el hecho de tener el espacio aéreo militarizado no contribuye a que un ciudadano que no sea controlador aéreo se sienta más libre sino menos.

La libertad de un ciudadano termina donde empieza la de su semejante y esto está regulado por nuestro ordenamiento jurídico basándose en una Constitución por todos reconocida y aprobada.

Efectivamente, ahora el Gobierno se siente más libre, libre de las críticas y libre para actuar y ese aumento de libertad merced a una aplicación ilegal de la Ley supone que la libertad de otros ciudadanos ha sido mermada por este gobierno.

Se debe respetar la Ley y hoy tenemos un Gobierno que no la respeta y que por lo tanto no respeta nuestra libertad ni respeta a los ciudadanos ni respeta a la nación española.

Un saludo, J. M. Mora