Declaración del Testigo: Ramón Torrecilla Guijarro (Primera Parte)

Cádiz a 20 de enero de 2011

P. 3.624.246; 16; 00 025

En Madrid a once de Noviembre de mil novecientos treinta y nueve, ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el cual fue enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad, y de las penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo exhortado con arreglo a su clase, y. Preguntado por las generales de la Ley, dijo: Llamarse como queda dicho, de treinta y dos años de edad, de estado casado natural de ….. de profesión comisionista que no ha sido procesado, y con domicilio en Colonia Monte Carmelo “El Torreón” (Fuencarral), que no le comprenden las demás. Preguntado, Dice:

“Que al anochecer de seis de Noviembre de 1936, ante la aproximación de las fuerzas Nacionales sobre Madrid, el Gobierno Republicano abandonó esta Capital en dirección a Valencia.

            Oyó referir entonces, que el Gobierno en fuga dejó aquí un pliego cerrado en poder del General Miaja, con el encargo de no leerle hasta el día siguiente, pero que fue abierto el mismo día seis y que contenía un Decreto encomendado a dicho General nombrase, de acuerdo con el Frente Popular, la llamada Junta de Defensa de Madrid, que debía de ejercer aquí las funciones propias del Gobierno. En cumplimiento de ese Decreto, Miaja reunió en la misma noche del 6 al 7 a los representantes de los partidos integrantes del Frente Popular y se designó la Junta de Defensa, asignando las dos carteras o Consejerías más importantes (Guerra y Orden Público) a dos marxistas, que fueron respectivamente Mijé (comunista) y Santiago Carrillo (de las juventudes Socialistas). Al mismo tiempo se nombró Delegado de Orden Público (equivalente a Director General de Seguridad) al redactor del diario socialista “Claridad”, Segundo Serrano Poncela. Todos aquellos Ministros o Consejeros de la Junta de Defensa instalaron sus despachos en el palacio de March, en la calle Nuñez de Balboa.

            La delegación de Orden Público se instaló en el edificio del Ministerio de Marina, en la calle de Serrano.

            Quedó de subdirector General de Seguridad Vicente Girauta Linares (era del Cuerpo de Vigilancia) y como este marchase a los pocos días a Valencia, para sustituirle se nombró Comisario General de Madrid a Carreras (pertenecía también al Cuerpo de Vigilancia).

            La noche del 6 al 7 de Noviembre tuvo aviso el declarante de que iba a ser nombrado Vocal del “Consejo de la Dirección General de Seguridad” (nuevo Organismo que entonces se creaba) y aunque hasta el día 10 del mismo mes no recibieron él y los demás Consejeros sus nombramientos escritos, expedidos por Santiago Carrillo, ya en la madrugada del 7 de Noviembre celebró con otros Consejeros una reunión y a partir de este momento empezó a funcionar aquel Consejo de la Dirección General de Seguridad, que estaba constituido por los siguientes individuos.

00 026

El declarante Ramón Torrecilla Guijarro (designado por el partido comunista)

Rascón Ramírez (designado por la C. N. T.)

Manuel Ramos (designado por la F. A. I.)

Vega (designado por la U. G. T.)

Larrosa (designado por las Juventudes Socialistas)

Juan Alcántara (designado por las Juventudes Socialistas, era Comunistas)

Santiago Alvarez Santiago (designados por las Juventudes Socialistas, era Comunista).

Como técnico Vicente Girauta, que a los pocos días fue sustituido por Carreras.

            El 7 de Noviembre de 1936 el Secretario de la Dirección General de Seguridad conocido por Pachuli (tenía seis dedos en una mano) dio al declarante y a los que después nombrará, la orden, de parte del Delegado de Orden Público, Serrano Poncela, de presentarse en la Cárcel Modelo para hacer una selección entre los presos allí encerrados. En cumplimiento de la citada orden, entre 10 y 12 de aquella noche se presentaron en la Cárcel Modelo el declarante y los siguientes:

            Rascón Ramírez (Consejero de la Dirección General de Seguridad. Antes había pertenecido a la Checa de Fomento.)

Manuel Ramos Martínez (Consejero de la Dirección General de Seguridad. Antes había pertenecido a la Checa de Fomento).

Agapito Sainz (Policía rojo de la Dirección General de Seguridad).

Andrés Urresola Ochoa (Policía rojo de la Dirección General de Seguridad).

Lino Delgado. (Policía rojo de la Dirección General de Seguridad).

            Al llegar a la Cárcel el Capitán de guardia se oponía a que entrasen por no llevar orden escrita alguna, pero se telefoneó a la Dirección de Seguridad y como desde alli contestaran que estaban autorizados para penetrar en la Prisión, se les franqueó el paso. El dicente y sus cinco compañeros se encaminaron seguidamente al fichero de presos y pasaron varias horas apartando las fichas, según la profesión de los presos, en los cuatro grupos siguientes:

1ª Militares.

P. 2.906.670; 17, 00 027

2ª.- Hombres de Carreras y aristócratas.

3ª.- Obreros.

4ª.- Personas cuya profesión no constaba.

            Ya llevaban seleccionado más de la mitad del fichero, cuando de madrugada, se presentó el Delegado de Orden Público o Director General de Seguridad Serrano Poncela y ordenó que todos los seleccionados en los grupos 1º y 2º (Militares y burgueses) saliesen de las galerías a las naves exteriores porque los fascistas avanzaban y si los libertasen les serían un refuerzo formidable. Mandó prepararlos, pues en seguida llegarían unos autobuses para trasladarlos y refirió que el Ministro de la Gobernación (lo era Ángel Galarza) cuando marchó a Valencia la noche del 6 de Noviembre había dado orden por Telefono desde Tarancón de que los trasladasen y añadió en todo malicioso que quien mandaba la expedición ya tenía instrucciones de lo que había de hacerse con los presos, que era “una evacuación … definitiva”.

            En cumplimiento de esta orden de Serrano Poncela suspendieron la selección de fichas el declarante y sus compañeros. Era entre tres y cuatro de la madrugada. Sacaron a los seleccionados a las naves por parejas. No puede precisar el número de ellos, pero sí que pasaban de los quinientos. La mayoría eran militares, pero también había paisanos.

            Alrededor de la nueve o diez de la mañana del 8 de Noviembre llegaron a la Cárcel Modelo siete o nueve autobuses de los de dos pisos de servicio público urbano y dos autobuses grandes de turismo. A todos los llenaron de presos. En el interior de cada uno de los coches de dos pisos metieron 60 o más detenidos y en su plataforma delantera, digo trasera, iban de 8 a 12 milicianos armados. Partió la expedición y con ella marcharon algunos de los que habían hecho la selección de las víctimas en el fichero, entre ellos Agapito Sainz y Lino Delgado y cree también Urreola y Rascón. Aquella expedición le vio partir el declarante, que seguidamente marchó de la Cárcel…

            En la reunión del Consejo de la Dirección General de Seguridad que celebraron el día 10 del mismo mes se refirió que fueron asesinados en Torrejón de Ardoz, los detenidos de cinco autobuses de los grandes y en Paracuellos del Jarama todos los restantes. Posteriormente supo que entre las 12 y 14 de aquel día se llevaron otra expedición de presos para matarlos.

            En dicha reunión del Consejo de la Dirección General de Seguridad celebrada el 10 de Noviembre se acordaron las normas y procedimiento para llevar a cabo la selección de presos que debían ser matados y, estableciendo el criterio que debía seguirse, Serrano Poncela que asistía a la reunión explicó que debían ser elegidos: 1º.-Los militares con graduación superior a Capitán: 2º.- Todos los falangistas: 3º.- Todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas francamente derechistas y, para desarrollar este plan, se nombraron en el Consejo de la Dirección General de Seguridad dos Comisiones: Una “De Presos”, y otra “De Personal”. La Comisión De Presos (Rascón era el responsable de la misma) nombraba los encargados de seleccionar en las distintas Cárceles los detenidos que habían de ser asesinados. El declarante fue designado “responsable” de la De Personal (esta Comisión nombró un “responsable” y su suplente para cada Cárcel, encargados de que en ella se cumplieran exactamente los acuerdos del Consejo de la Dirección y de ir con las expediciones de presos cuando los llevaban a matar. Los responsables elegidos para este servicio fueron los siguientes:

Para la prisión de Ventas: Alvaro Marasa Barasa.

Para la prisión de Portlier: Andrés Urreola Ochoa.

Para la prisión de San Antón: Agapito Sainz.

            La Comisión “de presos” nombraba todos los componentes de los tribunales que para la selección de que se trata actuaban en dichas Cárceles. De estos tribunales funcionaban dos o tres en cada Prisión y cada tribunal estaba integrado por tres individuos. Recuerda que Ramón Ramos Martínez fue “responsable” de los Tribunales que actuaban en la Prisión de Ventas y cree que Rascón y Larrosa fueron “responsables” de los Tribunales en las Cárceles de San Antón y Porlier, respectivamente. Estos tribunales interrogaban a los presos, no les enteraban del acuerdo que contra ellos adoptasen, ni aun consignaban estaos por escrito. Se limitaban a mandar al Consejo de la Dirección General de Seguridad listas de condenados a muerte escrita en una simple hoja de papel, que el “responsable” de la mencionada expedición llevaba allí diciendo que era la lista de condenados a muerte, en la respectiva cárcel. Todos los que componían el Consejo de la Dirección General de Seguridad estaban enterados de que los incluidos en tales relaciones eran seguidamente extraídos de la cárcel y asesinados en serie. Rascón como “responsable” de la Comisión de Presos se hacía cargo de estas Listas y las pasaban al Director de Seguridad Serrano Poncela. Este, en papel timbrado firmaba una orden de libertad, para todos los presos que figuraban en esa lista, los nombres de los cuales reproducía en dicha orden Serrano Poncela daba al declarante citadas órdenes escritas de libertad y el dicente las entregaba al “responsable” de la Comisión de Personal en la Cárcel respectiva (o sea, a Margea, Urrasola y Agapito Sainz). Empezaron a actuar estos tribunales en las Prisiones, a mediados de Noviembre de 1936. Las víctimas, de las mismas fueron todos asesinados en Paracuellos del Jarama. Algunas expediciones de presos (tan solo 4 o 5) que por entonces salieron de las cárceles de Madrid, llegaron indemnes a su ciudad de destino en razón de que los componentes de las mismas no habían sido condenados a muerte por los Tribunales de su cárcel.

            El detenido daba cuenta con frecuencia, de estas actividades del Consejo de la Dirección General de Seguridad, al Secretario del Partido Comunista.

Serrano Poncela, tenía que ir diariamente a despachar con el Consejero de Orden Público en la Junta de Defensa, Santiago Carrillo en la oficina de este. Además Santiago Carrillo iba con frecuencia a la Dirección de Seguridad a conferenciar con Serrano Poncela. Se llevaba en la Dirección General de Seguridad un libro registro de expediciones de presos para asesinarlos. Calcula el declarante que fueron alrededor de 20 o 25 las efectuadas, de ellas: cuatro de la Cárcel Modelo, cuatro o cinco de la de San Antón, seis a ocho de la de Porlier, y seis a ocho de la de Ventas. Le parece que de la Cárcel Modelo se extraerían para matar alrededor de mil quinientos presos.

            El declarante fue botones en el Banco Español del Río de la Plata, luego contable en la Compañía Telefónica, después operario en el Ministerio de Hacienda, mancebo de farmacia y por último comisionista de productos químicos. Hace muchos años estaba…

Continúa en el siguiente post

 

Un saludo, J. M. Mora