Cádiz a 13 de febrero de 2011
La Petición de la Fiscalía de archivar la investigación del caso Faisán suscita la sospecha de que el Gobierno quiere enterrar este enojoso asunto cuanto antes, dejando impunes a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que advirtieron a Joseba Elosúa, jefe de la red de extorsión de ETA, de que iba a ser detenido al cruzar la frontera.
José Blanco subraya hoy en nuestras páginas que "todas las personas involucradas fueron detenidas, encarceladas y procesadas". Algo muy similar a lo que ya había declarado Pérez Rubalcaba. Pero no es cierto. Siguen sin estar ni siquiera identificados –como la propia Fiscalía reconoce– los responsables del chivatazo que evitó que Elosua fuera detenido con las pruebas del delito que estaba cometiendo. Es decir, varios autores de un flagrante delito de colaboración con banda armada. UPyD, tres sindicatos policiales y una asociación de empresarios vascos pidieron ayer que la instrucción no se archive.
Según se desprende del sumario, los sospechosos principales del chivatazo –hasta el punto de estar imputados– eran el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava, que le habría pasado su teléfono móvil a Elosua para avisarle de la operación. La Fiscalía reconoce en el auto en el que pide el archivo que esta hipótesis, basada en el cruce de llamadas, no se ha podido probar.
El Mundo revela hoy el testimonio de dos comisarios que ponen en duda esta línea de investigación y que afirman que si no se ha podido determinar la autoría del chivatazo es por una razón tan diabólica como que el grupo policial encargado de resolver el caso era el mismo que había cometido el delito.
El propio fiscal reconoce que hay elementos que no cuadran en la teoría esbozada por los informes de los investigadores policiales y da crédito a la posibilidad de esta otra versión alternativa sobre lo que ocurrió en el bar Faisan de Irún en mayo de 2006.
Los dos comisarios apuntan a que el responsable o inductor del chivatazo fue el inspector Carlos G., que era precisamente el jefe de los agentes que seguían a los miembros de la red de extorsión de Elosúa. Carlos G. es ahora uno de los jefes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y ha sido condecorado en tres ocasiones por Interior con otros tantos incrementos del 15% de sueldo. Sería muy interesante averiguar quién y por qué encargó la investigación del caso Faisán a Carlos G., lo cual parece incompatible con su condición de jefe del grupo policial que vigilaba a Elosua.
Resultaría un atropello a la Justicia archivar el caso sin investigar esta versión alternativa, que encaja con lo sucedido en la medida en que se basa en la apuesta del tal Carlos G. por la negociación con ETA. Si estuviéramos en EEUU, cabría la posibilidad de designar un fiscal especial con plenos poderes para averiguar la verdad. Ello no es posible en nuestro país, pero lo que sí es factible es que, aunque Garzón decidiera archivarlo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara que continúe la instrucción. La Audiencia podría exigir que la investígación fuera realizada por agentes policiales fuera de toda sospecha y no vinculados a los hechos.
Eso sería lo lógico y lo coherente, teniendo en cuenta que la Fiscalía, el juez Garzón y el Ministerio de Interior se están moviendo activamente para que el sumario no se filtre, los medios de comunicación no se ocupen del asunto y el chivatazo pase al olvido cuanto antes.
Ello es totalmente inaceptable en un caso sin precedentes y de tan extrema gravedad: jamás se había visto a los mandos policiales ayudando a una banda terrorista que ha asesinado a cientos de sus agentes. Ello impide que esta instrucción se pueda cerrar hasta que los culpables se sienten en el banquillo para responder de esta injustificable fechoría.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/12/opinion/19717414.html
Un saludo J. M. Mora
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