Alcalá Meco o El Puerto II

Cádiz a 1 de abril de 2011

Cuando el político objeto de nuestra crítica, de nuestro estudio, de nuestra reflexión, de nuestra observación o de nuestro padecimiento, hace alardes claros y manifiestos de no conocer el significado del concepto: vergüenza, o bien, no se siente identificado con él; entonces, en ese caso podríamos estar hablando de un "político sinvergüenza" o de unos "políticos sinvergüenzas", o simplemente de sinvergüenzas en estado puro que adoptan una forma grupal.

Puede resultar chocante, en estos casos, verse en la situación de tener que explicar o aclarar conceptos, que deberían estar mas o menos claros. Conceptos como que el dinero público, sí tiene propietario legítimo y este no es otro que el propio pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos que integran la nación. Que las libertades atribuidas ilegítimamente dentro de un estado de derecho, no te hacen verdadero sino delincuente y que restan libertades legítimas al resto de ciudadanos.

Subsecuentemente, resulta necesario aclarar que efectivamente un ciudadano que trabaja en la Administración, no por ello pierde su condición o carácter de ciudadano y por tanto se encuentra en igualdad de condiciones que cualquier otro. Por tanto, cuando hablamos de ciudadano, que éste trabaje en la Administración no le otorga un derecho superior al de otro que trabaje en cualquier otro oficio.

Sí, efectivamente, el estado de derecho tiene un sentido y sus principios constitucionales deben ser respetados, especialmente por los máximos representantes de la administración. Cuando esto no se hace, hay que hacer un análisis de cual es la gravedad de la infracción; determinar, mediante la investigación pertinente quienes son los responsables y ponerlos a disposición judicial para que den cuenta de sus acciones.

En unas circunstancias dadas, donde un grupo humano es víctima de acciones terroristas por parte de una minoría, no se puede pretender que se considere que se ha acabado con el terrorismo mediante la liberación de asesinos para calmar los instintos criminales de este sector minoritario. No, eso no es acabar con el terrorismo, eso es claudicar ante el terrorismo y por tanto legitimarlo, integrarlo, disimularlo, aceptarlo y someter a su padecimiento legítimo a quienes desde un primer momento han respetado unas normas constitucionales.

De nuevo, me permito recodar a Ramiro de Maeztu: —vosotros no sabéis porqué me matáis pero yo si sé porqué muero, muero para que vuestros hijos sean mejores que vosotros—,  o a Jesucristo: —Dios mío perdónalos porque no saben lo que hacen—. De alguna manera, en ambos casos se presenta un sacrificio personal mediante el que se pretende la liberación de otros. En nuestro caso, nuestro Ministro de Interior podría proclamar: —para liberaros os sacrifico—, pero ¿donde está su sacrificio? acaso en la dimisión.

El terrorismo no tiene cabida en una sociedad democrática. Si se perdonan las acciones terroristas a quienes las han practicado y a continuación se les integra en la jerarquía administrativa y a esto no se le considera colaboración con banda armada, entonces estamos hablando de una grave carencia. Hoy presenciamos un comportamiento que es similar al que practicarían unos "chorizos" en un callejón con unas navajas: —Que ese dinero no es tuyo, que es nuestro—. En realidad, requiere un esfuerzo considerable mirar hacia la bancada socialista y no recordar al patio de Alcalá Meco, o El Puerto II.

Un saludo, J. M. Mora