10. El juez Ruz ordena nuevas diligencias en el caso "Faisán". Madrid, 24 Ene. (Europa Press)

Cádiz a 13 de febrero de 2011

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado seis nuevas diligencias con las que reactiva la causa en la que investiga el supuesto chivatazo policial a ETA que se habría producido en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, entre las que se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.

Así consta en un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que el magistrado no se pronuncia sobre la petición de archivo solicitada por la Fiscalía octubre de 2009, y transforma en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales que están imputados en la causa por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).

En su resolución judicial, que no se refiere a los nueve folios de la comisión rotatoria francesa que permanecen secretos, el juez cita a declarar para el próximo 8 de febrero al inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo, que ya declararon en el marco de este procedimiento, con la finalidad de que "puedan aclararse determinadas contradicciones apreciadas en los diversos testimonios recabados" respecto a los hechos investigados.

Para ese mismo día llama a declarar como testigo al subdirector de La Razón y experto en Interior, Jesús María Zuloaga, ya que en la investigación consta una llamada telefónica con el responsable policial en el País Vasco que se encuentra imputado de la que se desprenden "datos de relevancia para la presente instrucción".

Cortes en el vídeo

Además, solicita al equipo policial que llevó a cabo la investigación, dirigido por Carlos G., que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar "Faisán" cuando se habría producido el chivatazo. En este sentido, solicita una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.

De igual modo, reclama a la Guardia Civil que realice otro examen pericial sobre este vídeo, al objeto de confirmar el anterior análisis realizado por la policía, que detallaba que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".

El juez pregunta a los expertos del instituto armado si hay alguna "técnica audiovisual por la que pueda llevarse a cabo la recuperación de las imágenes borradas" y si los cortes son "simultáneos a la grabación original" o se produjeron "con posterioridad". De igual modo, reclama a los policías que realizaron el primer informe que analicen si en los cinco días anteriores al chivatazo y en los cinco posteriores se produjeron también cortes en la grabación.

En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

Imágenes del inspector

Por otra parte, Ruz solicita al equipo investigador que determine la hora exacta en que se produjo la salida del bar "Faisán" de su propietario, Joseba Elosúa, principal imputado en la causa, y si sus agentes estaban vigilando las dos puertas del establecimiento. A este respecto, pregunta si a partir de esta grabación se puede llevar a cabo "un estudio pericial fisiológico" con la finalidad de contrastarlo con la "imagen real" del inspector de Álava que, según la investigación, habría entregado a Elosúa el móvil con el que se habría producido la delación.

De la misma forma, solicita a los agentes de Carlos G. que le faciliten un plano identificativo de la zona que detalle dónde se encontraban las cámaras de grabación, así como una infografía animada que "refleje la secuencia de los hechos investigados".

También les pide que especifiquen "qué métodos siguieron para acotar" las 1.932 llamadas sospechosas que se realizaron en la zona entre las 11.10 y las 12.00 horas del 4 de mayo de 2006 e investigar "a fondo" únicamente 63 así como el método seguido para identificar a los titulares o usuarios de los números de teléfono vinculados a esas llamadas y si algunas pudieron realizarse desde tarjetas de prepago.

Identificar al confidente

El magistrado también advierte a dos de los tres imputados de que es "indispensable" que identifiquen al confidente etarra que fue citado por estos para explicar el tráfico de llamadas que se produjo en torno al "Faisán". Para ello, les da un plazo de diez días y les recuerda que aunque den su nombre su identidad "será reservada a las partes y terceros ajenos al procedimiento", por lo que declarará "con la debida protección".

De la misma forma, reclama a tres peritos de la compañía Telefónica Móviles que detallen la ubicación de las llamadas ocurridas el día del chivatazo y si existe alguna posibilidad de que existan alguna que se produjeran desde repetidores que no hayan sido analizados por la policía.

Delación para evitar detenciones

Ruz, que da un plazo de 15 días para llevar a cabo estas diligencias y de 10 en el caso de la identificación del confidente, expone que a la vista de las acusaciones judiciales llevadas a cabo en este procedimiento, se está investigando "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía tendente a evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas" por su relación con el aparato de extorsión de ETA.

Según indica, la "delación policial" a Joseba Elosúa "trataba de evitar la inminente detención" del etarra José Antonio Cau Aldanur, enlace de ETA para el cobro del denominado "impuesto revolucionario", así como de otras personas que estaban siendo investigadas tanto en Francia como España.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-ruz-ordena-nuevas-diligencias-caso-faisan-20110124144001.html

Un saludo, J. M. Mora

9. Una hipótesis diabólica para el "caso Faisán"

Cádiz a 13 de febrero de 2011

La Petición de la Fiscalía de archivar la investigación del caso Faisán suscita la sospecha de que el Gobierno quiere enterrar este enojoso asunto cuanto antes, dejando impunes a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que advirtieron a Joseba Elosúa, jefe de la red de extorsión de ETA, de que iba a ser detenido al cruzar la frontera.

José Blanco subraya hoy en nuestras páginas que "todas las personas involucradas fueron detenidas, encarceladas y procesadas". Algo muy similar a lo que ya había declarado Pérez Rubalcaba. Pero no es cierto. Siguen sin estar ni siquiera identificados –como la propia Fiscalía reconoce– los responsables del chivatazo que evitó que Elosua fuera detenido con las pruebas del delito que estaba cometiendo. Es decir, varios autores de un flagrante delito de colaboración con banda armada. UPyD, tres sindicatos policiales y una asociación de empresarios vascos pidieron ayer que la instrucción no se archive.

Según se desprende del sumario, los sospechosos principales del chivatazo –hasta el punto de estar imputados– eran el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava, que le habría pasado su teléfono móvil a Elosua para avisarle de la operación. La Fiscalía reconoce en el auto en el que pide el archivo que esta hipótesis, basada en el cruce de llamadas, no se ha podido probar.

El Mundo revela hoy el testimonio de dos comisarios que ponen en duda esta línea de investigación y que afirman que si no se ha podido determinar la autoría del chivatazo es por una razón tan diabólica como que el grupo policial encargado de resolver el caso era el mismo que había cometido el delito.

El propio fiscal reconoce que hay elementos que no cuadran en la teoría esbozada por los informes de los investigadores policiales y da crédito a la posibilidad de esta otra versión alternativa sobre lo que ocurrió en el bar Faisan de Irún en mayo de 2006.

Los dos comisarios apuntan a que el responsable o inductor del chivatazo fue el inspector Carlos G., que era precisamente el jefe de los agentes que seguían a los miembros de la red de extorsión de Elosúa. Carlos G. es ahora uno de los jefes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y ha sido condecorado en tres ocasiones por Interior con otros tantos incrementos del 15% de sueldo. Sería muy interesante averiguar quién y por qué encargó la investigación del caso Faisán a Carlos G., lo cual parece incompatible con su condición de jefe del grupo policial que vigilaba a Elosua.

Resultaría un atropello a la Justicia archivar el caso sin investigar esta versión alternativa, que encaja con lo sucedido en la medida en que se basa en la apuesta del tal Carlos G. por la negociación con ETA. Si estuviéramos en EEUU, cabría la posibilidad de designar un fiscal especial con plenos poderes para averiguar la verdad. Ello no es posible en nuestro país, pero lo que sí es factible es que, aunque Garzón decidiera archivarlo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara que continúe la instrucción. La Audiencia podría exigir que la investígación fuera realizada por agentes policiales fuera de toda sospecha y no vinculados a los hechos.

Eso sería lo lógico y lo coherente, teniendo en cuenta que la Fiscalía, el juez Garzón y el Ministerio de Interior se están moviendo activamente para que el sumario no se filtre, los medios de comunicación no se ocupen del asunto y el chivatazo pase al olvido cuanto antes.

Ello es totalmente inaceptable en un caso sin precedentes y de tan extrema gravedad: jamás se había visto a los mandos policiales ayudando a una banda terrorista que ha asesinado a cientos de sus agentes. Ello impide que esta instrucción se pueda cerrar hasta que los culpables se sienten en el banquillo para responder de esta injustificable fechoría.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/12/opinion/19717414.html

Un saludo J. M. Mora

8. DyJ denuncia cortes en el vídeo del bar Faisán en momentos clave del chivatazo

Cádiz a 13 de febrero de 2011

El vídeo que recoge las imágenes de la entrada del bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa y donde presuntamente se produjo el "chivatazo" a ETA el 4 de mayo de 2006, contiene dos cortes en momentos clave del "soplo" sobre la operación policial que se iba a llevar a cabo contra una red de extorsión de ETA. Como consecuencia de la delación, el desmantelamiento de este grupo se pospuso un mes.

Así lo pone de manifiesto la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) en el escrito de alegaciones presentado ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra la solicitud de archivo de la Fiscalía. El pasado 5 de octubre, el Ministerio Público realizó esta petición a Garzón al considerar que no hay "prueba directa" contra los tres imputados en la causa: el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco en el momento de los hechos y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

DyJ asegura que en los espacios temporales interesantes para la presente investigación, como son la llegada de Elosúa al bar (11:08 horas), el intervalo de tiempo en el que supuestamente se produjo el chivatazo (entre las 11:08 y las 11:30) y la salida de Elosúa de bar (sobre las 12:38) "no se ha podido sacar nada concluyente para el esclarecimiento de los hechos" dada la existencia de estos dos cortes, que se producen, el primero (tres minutos), desde las 10:52 a las 10:55 horas, y el segundo (16 segundos), a las 11:14 horas. Se da la circunstancia de que uno y otro momento podrían corresponder a la entrada y salida, respectivamente, de la persona (el supuesto policía) que prestó a Elosúa el teléfono móvil desde el que una tercera persona (superior jerárquico) le informó al otro lado de la línea de esa operación policial.

"Dada la gravedad del hecho, puesto que se trataba del único dispositivo de vídeo que se había dispuesto por parte del equipo operativo ese día para controlar los movimientos de Joseba Elosúa (…) y que está dentro del lapso de tiempo en el que pudo entrar el sujeto que le dio el teléfono a Elosúa (…) esta parte interesa que se cite a declarar a todo aquel funcionario policial que tuviera encomendada la función de llevar a cabo dicha grabación".

Además, esta acusación popular pide que se siga investigando a los tres imputados, pues, señala, "existen indicios de criminalidad suficientes para mantener la acusación contra ellos". Al igual que la AVT, pide a Garzón que asuma la investigación la Guardia Civil, y no la Policía, Cuerpo al que pertenecen los investigados, lo que, dice, no deja de resultar "llamativo". También pide que se repitan todas las diligencias practicadas bajo secreto sumarial.

http://www.abc.es/20091030/nacional-terrorismo/denuncia-cortes-video-faisan-20091030.html

Un saludo, J. M. Mora

7. Dignidad y Justicia pide al juez Garzón que no archive el chivatazo. Cree que hay "indicios más que de sobra" para investigar a tres mandos

Cádiz a 13 de febrero de 2011

La asociación Dignidad y Justicia (D y J), que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el chivatazo a ETA en el llamado "caso Faisán", ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que no archive la causa sobre la supuesta filtración a la banda terrorista y que la Guardia Civil asuma la investigación.

Esta parte presentó este jueves su escrito de alegación al informe presentado por la Fiscalía el pasado 1 de octubre, que solicitó el "sobreseimiento" provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar la autoría de la supuesta delación.

El chivatazo se habría producido el 4 de mayo de 2006, cuando, según los agentes que investigaron el caso, el dueño del bar "Faisán" de Irún, Joseba Elosúa, habría recibido una llamada que le alertó de la existencia de una operación policial inminente contra el aparato de extorsión de ETA.

En su escrito, de 40 páginas, Dignidad y Justicia defiende que existen "indicios más que de sobra" para investigar al menos a los tres mandos policiales que se encuentran imputados en la causa: el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de la provincia de Álava. Además, la asociación pide que declaren todos los agentes de policía que participaron en el dispositivo montado contra el aparato de extorsión.

Para el Ministerio Público, sin embargo, las gestiones realizadas –intervenciones telefónicas, declaraciones de decenas de testigos e interrogatorio como imputados de varios mandos policiales– no han arrojado resultados concluyentes, por lo que ha reclamado el sobreseimiento de la causa.

El fiscal cree que sólo el análisis de las llamadas telefónicas realizadas esos días permite construir una "hipótesis incriminatoria" que apunta a los tres imputados mencionados "para sustentar una tesis acusatoria".

El pasado lunes, el PP anunció su intención de personarse en las actuaciones al constituir lo investigado "hechos de extrema gravedad" y "quedar en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno".

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/29/espana/1256824272.html

Un saludo, J. M. Mora

6. El PP irá a los tribunales para evitar que se cierre el "caso Faisán". "No vamos a aceptar el "carpetazo" porque los españoles tienen derecho a saber la verdad", argumenta Rajoy.

Cádiz a 13 de febrero de 2011

El PP se personará la próxima semana, como acusación popular, en la causa que tramita la Audiencia Nacional en el denominado "caso Faisán", en el que se investigó el posible "chivatazo" en mayo de 2006 a un etarra del aparato de extorsión de la banda, lo que impidió su detención.

En un comunicado, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha justificado la acción porque "no se puede consentir el archivo por parte del fiscal". Ha recordado que en un Estado de Derecho rige el imperio de la ley, "que es igual para todos", por lo que si no lo hace el fiscal, "como sería su deber, impulsamos nosotros esta acción para que se llegue hasta el final en la causa".

A su juicio, el PP está legitimado porque la lucha contra el terrorismo "es un interés general de todos los ciudadanos", y su defensa, "uno de los principios del PP", según consta en sus Estatutos y los acuerdos alcanzados en sus Congresos. Trillo ha resaltado que el PP se persona también en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, "muchas de ellas, además, militantes del partido".

Para el PP, si no continua la investigación para llegar hasta el final, "quedaría en entredicho la profesionalidad e, incluso, la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno". El PP considera que los hechos objeto de la investigación judicial son de "extrema gravedad".

http://www.elcorreo.com/alava/20091024/sociedad/tribunales-para-evitar-cierre-200910241727.html

Un saludo, J. M. Mora

Anexo: Escrito de personación del PP en el Caso Faisán

Cádiz a 13 de febrero de 2011

Diligencias Previas 59/2007

Al Juzgado Central De Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional

Que mi mandante ha tenido conocimiento a través de publicaciones de prensa de la existencia de un procedimiento tramitado en el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme por delitos de terrorismo, con causa en una serie de filtraciones de información relevante a personas vinculadas con el entorno de la banda terrorista ETA, en mayo de 2006, mediante las que supuestamente se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión y que, tanto en los medios de comunicación, como popularmente, se conoce como caso "Faisán".

Que interesando al Derecho de mi representado coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos objetos de investigación, por medio de este escrito y al amparo de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo en PERSONARME en la Causa en nombre de mi mandan y de los afiliados a los que representa, solicitando que se me tenga como parte en ejercicio de la ACCIÓN POPULAR.

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena a los Juzgados y Tribunales que protejan los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, reconociendo la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

El interés legítimo pretendido por mi representado con la citada personación radica de una parte, tanto en la defensa de los intereses generales que se ven afectados por la indultada trascendencia social de los hechos investigados, como del interés común y, principal o fundamentalmente, en el interés personal de mi mandante y de sus más de setecientos mil afiliados (entre ellos varias víctimas del terrorismo de ETA) de dar fiel y estricto cumplimiento de los principios rectores que rigen el funcionamiento del Partido Popular, según aparecen establecidos en sus Estatutos.

Tales Estatutos establecen que esta formación política, constituida al amparo de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, actuará en todo momento "al servicio de los intereses generales de España defendiendo los derechos y libertades del ser humano que le son inherentes y propugnando la democracia y el Estado de Derecho".

Asimismo la invocada Ley de Partidos Políticos refiere, como finalidad de toda formación política, aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos y contribuir al funcionamiento constitucional. La situación táctica de la que hemos tenido conocimiento y que es objeto de investigación en las presentes actuaciones, constaría acreditada la existencia de una filtración ("chivatazo") mediante la que supuestamente se alertó a la banda terrorista ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión que quedó frustrada por tal causa.

Y que dicha filtración se habría realizado presuntamente por un funcionario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado adscritos al Ministerio del Interior, planteándose incluso como hipótesis el posible conocimiento y/o participación en tales hechos de algún miembro del Gobierno de la Nación.

Unos hechos de extrema gravedad, al quedar en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno que a todos nos afectan a nivel general y de una manera más particular y directa a las víctimas del terrorismo y a cuantos sufren persecución por tal razón, entre los que se encuentran, como es público y notorio, muchos miembros del Partido Popular en defensa de cuyos intereses personales y colectivos se insta la presente personalización.

En este sentido, se ha tenido conocimiento que el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la presente Causa manteniendo no ser necesaria la práctica de más diligencias, a pesar de entender que existe una "hipótesis incriminatoria", lo que justifica en mayor medida si cabe la personación del Partido Popular como acusación popular al entender que se podría aportar nuevas vías de investigación que permitirían el total esclarecimiento de los hechos.

De esta manera mi mandan ostenta un interés legítimo y directo, como es tanto el de defender el interés común que se encuentra necesitado de protección, así como el interés particular de sus afiliados (algunos de ellos víctimas del terrorismo) ejerciendo por ello la acusación popular para coadyuvar en la averiguación y el esclarecimiento de unos hechos –así como de sus responsables– especialmente graves y que atentan a parámetros fundamentales que conforman la línea de flotación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la dignidad de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en directa vinculación con la política antiterrorista.

La presente personación se realiza sin que sea necesaria formulación de Querella al tratarse de un procedimiento ya iniciado en el año 2007 y por ende suficientemente definido en cuanto a la existencia de unos hechos de apariencia delictiva, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de nuestros Tribunales.

En este sentido, la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª), de 30 de Abril de 2009 nos enseñaba que:

"Igualmente, conforme ha señalado el Tribunal Supremo (STS 30 de mayo de 2003), si bien con carácter general la adquisición por la acción popular de la condición de parte procesal queda supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en los arte. 274 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, consistente en la presentación de querella y prestación de fianza, el requisito de la personación con querella sólo es exigible cuando mediante tal acto se iniciaba el procedimiento judicial, mientras que en el caso de que tal personación fuese en una causa ya iniciada, el requisito de la querella no es exigible, bastando en tal caso el cumplimiento de lo prevenido en el art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, que limita temporalmente tal personación a su efectividad antes del trámite de calificación; y en cuanto a la exigencia de fianza, impuesta por el art. 280 de la Ley procesal citada, constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando ésta es medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso."

Y en la misma línea, el Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 6ª)

de 16 de Junio de 2009 insistía en que:

"Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "el legislador, tratándose de un delito público, no ha limitado la acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas personándose en los términos previstos en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, mostrándose parte como adhesión en nombre de la ciudadanía a un proceso pendiente, sin dejar condicionada la eficacia d ella acción penal a la formulación de querella",

La Jurisprudencia ha descartado una interpretación sumamente rigorista del requisito de la formulación de querella para el ejercicio de la acción popular cuando el procedimiento ya se ha iniciado por otra vía, lo que en parte afecta también a la prestación de fianza; así, la sentencia del Tribunal Supremo de 30-5-2003, con cita a su vez de la de 12 de marzo de 1992, sostiene que "debemos recordar, que el requisito de la personación con querella sólo se ha entendido exigible por la Jurisprudencia de esta Sala cuando mediante tal acto, se iniciaba la encuesta judicial. En el caso de que tal personación fuese en una causa ya iniciada… se ha estimado que el requisito de la querella no era exigible…, bastando en tal caso el cumplimiento de lo prevenido en el art. 110 L.E. Criminal que limita temporalmente tal personación a su efectividad antes del trámite de calificación. En el mismo sentido la STS de 20 de diciembre de 2006".

Y tampoco sería precisa la constitución de fianza, dado que no hay riesgo de que haya de responder de las resultas de juicio, por lo que no cumpliendo su finalidad propia ha sido declarada innecesaria por la jurisprudencia (por todas STS 12 de marzo de 1992). En caso de distinto criterio por parte del Juzgado al que tenemos el Honor de dirigirnos se viene en ofrecer de forma expresa aquella que pudiera resultar adecuada al presente caso concreto.

En su virtud, respetuosamente

SUPLICO AL JUZGADO: Que, por presentado este escrito junto con el documento que se acompaña, tenga por PERSONADO y por parte al suscrito Procurador, en la invocada representación del PARTIDO POPULAR, como ACUSACIÓN POPULAR, entendiéndos con el mismo las sucesivas diligencias en la forma y modo que la Ley prevé.

Es Justicia. En Madrid, a 23 de Octubre de 2009.

http://www.pp.es/file_upload/noticias/pdf/1471-20091027131846.pdf

Un saludo, J. M. Mora

5. El PP se persona como acusación popular en el "caso Faisán". El Partido Popular se va a personar en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sobre el chivatazo al aparato extorsionador de ETA

Cádiz a 13 de febrero de 2011

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, ha justificado esta actuación del PP porque "no se puede consentir el archivo por parte del fiscal", y ha recordado además que en nuestro Estado de Derecho rige el imperio de la ley, "que es igual para todos".

A su juicio, el PP se considera legitimado porque el interés en la lucha contra el terrorismo "es un interés general de todos los ciudadanos", y su defensa, "uno de los principios del PP", según consta en sus Estatutos y los acuerdos alcanzados en sus Congresos.

Dignidad de las víctimas del terrorismo

Asimismo, Trillo ha resaltado que el PP se persona también en defensa de la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, "muchas de ellas además militantes del partido".

Para el PP, de no proseguirse con la investigación para llegar hasta el final, "quedaría en entredicho la profesionalidad e incluso la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y las políticas antiterroristas adoptadas por el Gobierno".

El PP considera que los hechos objeto de la investigación judicial, -por los que constaría acreditada la existencia de una filtración mediante la que supuestamente se alertó a la banda terrorista ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión, que quedó frustrada por tal causa-, son de "extrema gravedad".

En este sentido, el escrito añade que estos hechos afectan a todos, a nivel general, y de una manera más particular y directa a las víctimas del terrorismo y a cuantos sufren persecución por tal razón, entre los que se encuentran, como es público y notorio, muchos miembros del Partido Popular, en defensa de cuyos intereses, personales y colectivos, se insta la personación.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/pp-se-persona-como-acusacion-popular-caso-faisan_1471.html

Un saludo, J. M. Mora

4. La Fiscalía pide a Garzón que archive el chivatazo a los "recaudadores" de ETA. Rechaza los informes que apuntan al ex director de la Policía como filtrador

Cádiz a 13 de febrero de 2011

La Fiscalía reclamó el jueves al juez Baltasar Garzón que archive "provisionalmente" la causa del chivatazo a ETA por falta de autor conocido. Alega que, tras más de tres años de investigaciones, no hay pruebas que demuestren de "forma inexorable" la hipótesis de los investigadores de que el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, estuvo detrás de la filtración que en mayo 2006 alertó a la red de extorsión de la banda terrorista en Irún de que la Policía estaba a punto de desencadenar una gran redada.

El Ministerio Público exculpa a García Hidalgo y a los dos mandos a los que, según los informes policiales, el ex director supuestamente encomendó la misión de ponerse en contacto con el jefe de la red de extorsión, Joseba Elosúa, para darle el chivatazo telefónico: el jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava. Para la Fiscalía, el interrogatorio de estos tres imputados y el barrido de las llamadas telefónicas de la zona de Irún aquel 4 de mayo sólo sirven para formular una "hipótesis incriminatoria", pero estas pruebas no tiene firmeza suficiente como "para sustentar una tesis acusatoria" contra los tres.

La Fiscalía insiste en cerrar el caso, ya que todas las diligencias realizadas han terminado en vía muerta. Ni siquiera las ruedas de reconocimiento han servido para que Elosúa identificara a la persona que le entregó un móvil, al que minutos después un individuo llamó para facilitarle detalles muy precisos sobre la operación en ciernes.

Finalmente, esa redada, ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto en aquel momento de Garzón, no se produjo hasta el 20 de junio. El operativo se salfó con 18 detenidos en España y Francia, entre ellos el propio Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red.

Grande-Marlaska abrió una pieza separada para investigar la filtración después de que la Policía escuchara una conversación de Elosúa en la que desvelaba que un desconocido le había alertado de la inminente operación "para no fastidiar todo el proceso" (de paz). El chivatazo se produjo mes y mediio después de que ETA declarase la tregua de 2006.

Garzón aceptó el domingo alzar de forma parcial el secreto de este sumarioi sobre la filtración pero ocultando los datos sobre policías y políticos. El juez ha dado un plazo de diez días a las partes para sus alegaciones. Transcurrido ese tiempo, decidirá si da el carpetazo definitivo al caso.

Tras conoce la petición de la Fiscalía, el PP pidió la comparecencia urgente en la Comisión de Justicia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El portavoz de Justicia popular, Federico Trillo, calificó de "inadmisible" e "intolerable" la reclamación de archivo y advirtió de que la decisión del Ministerio Público "puede afectar al Pacto Antiterrorista". Trillo se puso ayer en contacto con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que afeó que el Ejecutivo "no utilice todos los resortes del Estado de Derecho contra el terrorismo" como reza el pacto por las libertades.

http://www.larioja.com/20091006/espana/fiscalia-pide-garzon-archive-20091006.html

Un saludo, J. M. Mora

3. La fiscalía pide el archivo del "chivatazo" policial a la red de extorsión de ETA. Una investigación exhaustiva no ha revelado el autor de la filtración.

Cádiz a 13 de febrero de 2011

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al juez Baltasar Garzón el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido de la investigación abierta a raíz  de un chivatazo policial a la red de extorsión de ETA.

El caso se inició como consecuencia de que una persona, supuestamente relacionada con las Fuerzas de Seguridad, el 4 de mayo de 2006, entregó un teléfono móvil al presunto colaborador de ETA Joseba Elosúa a través del cual recibió una llamada que alertó a la red de extorsión de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. Las pesquisas se realizaron en un momento en el que ETA y el Gobierno intentaban llegar a un proceso de paz, por lo que desde sectores próximos al PP acusaron a los socialistas de dificultar las investigaciones judiciales contra ETA.

Garzón abrió un procedimiento para investigar las filtraciones, llamó a declarar a todos los policías que estaban al tanto de las pesquisas sobre la red de extorsión y también a Elosúa, a su esposa y su hijo, así como a miembros del PNV. El magistrado organizó reconocimientos personales y fotográficos para identificar a la persona que había entregado el teléfono móvil en el que el responsable de la red fue avisado de que era seguido. Ni Elosúa en tres ocasiones, ni su mujer, ni su hijo reconocieron a ninguno de los policías que intervenían en el operativo.

En julio de 2006, la mujer de Elosúa, a preguntas de periodistas, dijo que no había querido identificar a nadie. Pese a que se han repetido las diligencias, no se ha llegado a identificar a nadie como autor de la filtración.

Teléfonos intervenidos

El juez tuvo intervenidos teléfonos de varios policías, como el del comisario jefe de la Unidad Central de Información Interior responsable de la Brigada de Francia; el del jefe superior de policía del País Vasco; el del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el de un inspector de la Brigada de Información de Álava; el del responsable de la sección de análisis de la Brigada de Información de San Sebastián y un teléfono genérico de la Dirección General de la Policía.

Tambián se realizaron comisiones rotatorias a Francia, donde la juez Levert realizó averiguaciones sobre llamadas entrantes y salientes de varios teléfonos móviles de Francia. Se efectuaron análisis de los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, del que Elosúa era propietario.

El juez tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona del bar Faisán, a 11 policías también como testigos y a otros tres como imputados. No obtuvo resultado positivo.

Por ello, el fiscal ha considerado que la investigación ha finalizado, que no hay peligro de que los imputados puedan destruir pruebas y que por tanto procede el levantamiento del secreto del sumario. Así lo ha acordado el juez Garzón, que ha dado traslado a las partes para que se instruyan del caso y propongan las pruebas que consideren convenientes.

Además, el fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional del caso, que se podría reabrir en el supuesto de que aparecieran nuevas pruebas que identificaran al autor de la filtración.

El juez no podrá decidir sobre esta petición hasta dentro de 15 días por lo menos.

http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscalia/pide/archivo/chivatazo/policial/red/extorsion/ETA/elpepiesp/20091006elpepinac_12/Tes

Un saludo, J. M. Mora

2. Marlaska ordenó a la Guardia Civil la investigación del chivatazo policial al cobrador de la red de extorsión de ETA

Cádiz a 13 de febrero de 2011

El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó a la Guardia Civil que investigue la autoría del chivatazo policial por el que Joseba Elosúa supo –según dijo él en una conversación intervenida– que era seguido por la Policía por su presunta vinculación con la red de extorsión etarra. De forma complementarios, el equipo policial al que asignó Marlaska la operación contra esta trama de chantaje ha enviado un informe sobre el chivatazo al juez Garzón, que ahora se ha hecho cargo del asunto.

No es frecuente pero sí hay precedentes de que un juez ordene a un Cuerpo, de los dos que integran las Fuerzas de Seguridad del Estado, que investigue al otro en asuntos con serias consecuencias internas. Tres serían los motivos, según las fuentes consultadas, que llevaron a Grande-Marlaska a ordenar a la Guardia Civil la investigación del supuesto chivatazo. En primer lugar, prevenir que se pongan "palos en las ruedas de la investigación; en segundo, no dar pie a las tensiones que generaría que "unos compañeros se sintieran investigados por otros", y, en tercer lugar, las reticencias que el magistrado tuvo hacia determinados mandos policiales, a los que mantuvo al margen de la operación contra la red de extorsión.

Persona cercana

El punto de partida de este caso se sitúa el pasado 4 de mayo. Ese día, a Elosúa, en una conversación intervenida en su coche -al vehículo la Policía le había colocado un sistema de audio-, se le escuchó comentar a su yerno, Carmelo Luquin (también detenido), que una persona desconocida la había abordado esa misma mañana y que luego le pasó un teléfono móvil. Según Joseba Elosúa, la persona que estaba al otro lado de la línea se identificó como "madero". Para el juez Marlaska, el interlocutor facilitó al dueño del bar "Faisán" datos "específicos y sensibles" de la investigación a tenor de los comentarios que hizo a su yerno cuando ambos iban en el coche, lo que "implica necesariamente"- precisó Marlaska en un auto- que quien facilitó la información es una "persona cercana" al caso.

Tras su marcha del Juzgado, Baltasar Garzón ha tomado las riendas del caso, por el que ya han sido interrogados en sede judicial varios policías. El pasado miércoles el magistrado mostró a Elosúa un centenar de fotografías de agentes de la Comisaría General de Información y de diferentes unidades provinciales. El imputado no identificó a ninguno de ellos como la persona que el pasado 4 de mayo le pasó un teléfono móvil para recibir el chivatazo.

En relación con las investigaciones sobre la red de extorsión, cinco empresarios -dos de Vizcaya y tres de Guipúzcoa- fueron conducidos por orden del juez Baltasar Garzón a dependencias policiales de Bilbao y de Irún, donde se les tomó declaración en calidad de testigos, sin que hubiera ninguna imputación abandonaron las dependencias oficiales y regresaron a sus domicilios.

Hoy el titular del Juzgado de Instrucción número 5 tomará declaración a Pablo María Muñoz, director del periódico navarro "Diario de Noticias" y de "Noticias de Guipúzcoa", y ex director de "Egin", detenido el mismo día que Jesús de la Fuente Iruretagoyena, ya en libertad al no haber pedido prisión la Fiscalía. Muñoz aparece en un auto del juez Fernando Grande-Marlaska como presunto "intermediario" de la red de extorsión, cuyo máximo responsable sería Joseba Elosúa.

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-07-2006/abc/Nacional/marlaska-ordeno-a-la-guardia-civil-la-investigacion-del-chivatazo-policial-al-cobrador-de-la-red-de-extorsion-de-eta_1422445893149.html

Un saludo, J. M. Mora